Enviaban fotos íntimas por cuentas falsas de Facebook y luego extorsionaban a las víctimas para no hacerlas públicas

El fiscal de Rosario, Ramiro González Raggio, acusó a los cuatro presos en la Unidad Penitenciaria Nº16 de Pérez de haber formado una “asociación con permanencia en el tiempo” que tuvo por objetivo “cometer delitos de manera organizada”. Se trató extorsiones telefónicas cuya primer etapa consistían en contactar a potenciales víctimas mediante perfiles falsos de Facebook de presuntas mujeres, que les pedían a los usuarios reales que les enviaran fotos íntimas. Una vez que disponían de ese material, desde la cárcel los llamaban para decirle que se trataba de menores y que, para no difundir las conversiones ni las imágenes y no realizar la denuncia, les enviaran dinero. Los casos en los que el delito se consumó, las transferencias se realizaron a cuentas bancarias de las parejas de dos de los detenidos, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los imputados, a los que el juez Gonzalo Fernández Bussy les dictó prisión preventiva por el plazo de dos años, fueron identificados como Juan Carlos D F., Javier G., David O., y Juan S. Todos cumplen diferentes condenas en la cárcel provincial ubicada en Pérez y, según la investigación, tenían acceso a telefonía celular. Uno de ellos llegó a tener diez líneas.

Para el fiscal González Raggio, la banda de chantajistas operó al menos desde marzo de 2022 hasta octubre de 2023. Eso “implicó la asunción de roles intercambiables entre sus miembros, que van desde la planificación, la ejecución, el suministro de logística a través de la provisión de dispositivos de comunicación, y la extracción del botín”, señaló el MPA a través de un comunicado.

La Fiscalía imputó a los cuatro presos por seis casos de extorsión. Algunos en grado de tentativa, porque las víctimas del “apriete” no accedieron a pagar el dinero que se les solicitaba y presentaron la denuncia.

El primero los hechos atribuidos a los detenidos ocurrió, según el fiscal, el 24 de marzo de 2022, cuando a las 18.15 uno de ellos se comunicó con la víctima a través de dos líneas de teléfono haciéndose pasar por una persona que colaboraba “con el líder de una organización criminal”. Luego le enviaron mensajes extorsivos diciéndole que debía transferir dinero, que finalmente envió al CBU de la pareja de uno de los reos.

En fecha 16 de mayo del mismo año, uno de los presos llamó a la víctima y le dijo que era el padre de una menor con la que se había relacionado y le pidió 450.000 pesos para no realizar la denuncia. El damnificado cortó la comunicación e hizo la denuncia. El 17 de diciembre hicieron lo mismo con otra persona a la que amenazaron de publicar las conversaciones que habían tenido con una supuesta mujer -en realidad, eran perfiles falsos de Facebook que administraban los propios detenidos- menor de edad. Pero la víctima tampoco cedió al chantaje.

En otros casos, un hombre pagó 10.000 pesos que los presos le pidieron para reponer el teléfono de su presunta hija menor, que habían roto al detectar las conversiones y el intercambio de fotos íntimas con él, según explicó el fiscal González Raggio en la acusación.

El juez de la audiencia, Fernández Bussy, tuvo por formalizada la imputación y dictó para todos los imputados la prisión preventiva efectiva por dos años. Asimismo, ordenó la suspensión temporal del régimen de visitas, que no tengan carácter familiar y tengan vinculación con los hechos imputados, así como la suspensión provisional del régimen de las medidas privativas de la libertad dentro de las causas en las que se encuentren cumpliendo pena.

Además, el juez estableció la prohibición de comunicarse o contactarse entre los coimputados si fueran alojados en el mismo establecimiento, dispuestas por seis meses.