España aprueba anteproyecto de ley para rebajar la jornada laboral sin afectar salarios

El Consejo de Ministros de España aprobó este martes el anteproyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin pérdida de salario, tras resolver las diferencias que existían entre los Ministerios de Trabajo y Economía sobre su implementación. Durante la rueda de prensa posterior al conclave, los titulares de ambos ministerios, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, coincidieron en destacar la importancia de esta medida para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover un entorno laboral más equilibrado. Junto a ellos, la ministra portavoz, Pilar Alegría, también subrayó el compromiso del Gobierno con el avance de los derechos laborales.

En ese contexto, la vicepresidenta Yolanda Díaz destacó que hoy es un «día histórico» para los 12 millones de trabajadores que se beneficiarán de la reducción de la jornada laboral cuando esta medida entre en vigor. Según el Ministerio de Trabajo, los colectivos más favorecidos serán aquellos trabajadores que no están cubiertos por convenios colectivos, quienes históricamente han estado sometidos a jornadas laborales excesivas, algunas de las cuales permanecieron casi inalteradas durante más de 40 años, como sectores de la hostelería, el comercio, la agricultura y los servicios, especialmente en ciertas regiones, serán los más impactados por esta reforma.

Díaz enfatizó que este cambio es un paso crucial, no solo para España, sino para Europa, destacando que han pasado más de dos décadas desde que un Estado miembro de la Unión Europea redujo su jornada laboral. «Hoy es un día en el que merece la pena formar parte del Gobierno de España», afirmó, subrayando la relevancia histórica de la medida.

El anteproyecto de ley es el resultado del acuerdo alcanzado en diciembre entre el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, y los sindicatos CCOO y UGT. Sin embargo, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme decidieron mantenerse al margen del acuerdo, al considerar que la jornada laboral debería ser determinada a través de la negociación colectiva.

La vicepresidenta, subrayó que «el trabajo es un medio, no una mercancía» y que las personas «no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir». Además, destacó que esta medida forma parte de una de las grandes transformaciones del mercado laboral impulsadas por el Gobierno, junto a la reforma laboral y el aumento del salario mínimo, con el objetivo de «modernizar España». Según Díaz, la reforma contribuirá a reducir el ausentismo, mejorar la productividad y fomentar la igualdad en el ámbito laboral.

En este sentido, la vicepresidenta destacó como aspecto clave de este anteproyecto la reformulación del control horario, a la que calificó como la medida «estrella» de la norma. Esta modificación, que deberá estar lista seis meses después de la entrada en vigor de la ley, permitirá un registro horario más moderno, digital e interoperable, con control remoto. Además, la Inspección de Trabajo podrá supervisar en tiempo real las jornadas laborales, garantizando una mayor transparencia y cumplimiento de la normativa.

El objetivo es que el nuevo registro de jornada es que sea «objetivo, fiable y accesible», de manera que deberá contar con unos requisitos, entre los que será obligatorio que los trabajadores practiquen los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada, de forma que la empresa no pueda condicionar su contenido.

Asimismo, cada registro deberá identificar «inequívocamente» a la persona que lo realiza, lo que asegura la «autenticidad» de los datos y previene posibles manipulaciones. El formato del registro deberá ser «tratable, legible y compatible», lo que facilitará el acceso inmediato y remoto tanto a los trabajadores como a sus representantes legales y a la Inspección de Trabajo. Esta medida garantiza la interoperabilidad del sistema, permitiendo la consulta en cualquier momento y desde cualquier lugar dentro del centro de trabajo, lo que refuerza la transparencia y el cumplimiento de la normativa laboral.

Al mismo tiempo, Yolanda Díaz destacó que el anteproyecto para la reducción de la jornada laboral incluye el derecho irrenunciable a la desconexión digital. «Ningún trabajador ni trabajadora española va a tener que responder a un mail, a una llamada, ni siquiera de un ministro cuando estén fuera de su jornada laboral», subrayó.

Una vez aprobado, el anteproyecto pasará por los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES) antes de regresar al Consejo de Ministros como proyecto de ley, un proceso que el Ministerio de Trabajo estima que ocurrirá hacia finales de febrero. Posteriormente, a principios de marzo, el proyecto será presentado en el Congreso, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas antes de su aprobación definitiva.

«Hoy nuestro país vuelve a hacer historia», afirmó Díaz, quien resaltó que esta norma es «hija» del diálogo social, a pesar de la falta de apoyo del mundo empresarial. «A pesar de que el acuerdo es bipartito, tiene el marchamo de algo muy importante, del diálogo social», concluyó.