La Agencia Nacional de Discapacidad y el PAMI realizarán entrevistas presenciales con los beneficiarios en todo el país. En la última auditoria, realizada en diciembre de 2024, se detectó que la gran mayoría de las personas no padecía la afección que declaraba tener.
La Secretaría de Desarrollo Territorial judicializó 15 casos sobre un universo de 887 auditados. Otros 250 presentaron “irregularidades administrativas”, y la mitad las solucionó.
La medida había sido adelantada por el vocero presidencial Manuel Adorni, pero quedó formalizada a través del Decreto 985/2024 que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.
La Universidad de Buenos Aires pidió ser auditada, pero rechazó que la tarea recaiga en la Sindicatura General de la Nación, ya que entienden que este organismo depende directamente del presidente y no tiene la facultad de controlar el presupuesto universitario. Desde el Gobierno lanzaron fuertes críticas.
La Agencia Nacional de Discapacidad afirmó que encontró «severas anomalías» en su otorgamiento y gestión, por lo que ha comenzado un proceso de auditoría de todas las pensiones otorgadas en el país. Desde 2003 hasta la actualidad pasaron de 80.000 a un poco más de 1.2 millones de personas.
