La convocatoria a un plenario por parte de la justicia tiene como objetivo determinar si es constitucional o no la prohibición de acceder a beneficios, como la libertad asistida o la excarcelación, para aquellos sentenciados por delitos graves como narcotráfico o secuestro seguido de muerte.
La iniciativa busca ponerle fin a las salidas anticipadas para los condenados por delitos violentos. El Gobierno impulsó su rápido tratamiento luego del asesinato de Micaela en manos de un violador que no había cumplido la totalidad de su condena.
Maximiliano Pullaro defendió el decreto que limita permisos de salidas del penal a quienes se encuentren cumpliendo condenas por delitos graves. El funcionario adelantó que el gobierno apelará el fallo que lo declara inconstitucional.
El cónclave presidido por el juez federal Mariano Borinsky, resaltó el acuerdo logrado después de la reunión celebrada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el marco del programa de debate abierto y reforma, Justicia 2020.
