Si bien los recursos por Coparticipación Federal cayeron de manera homogénea para todos los distritos, la provincia de Buenos Aires fue la más perjudicada en la recepción de recursos de leyes especiales y compensaciones por el consenso fiscal.
El déficit en los últimos nueve meses se incrementó en US$ 87.710, a un promedio de US$ 7.309 millones por mes, hasta alcanzar al 75% del Producto Bruto Interno Argentino (PIB).
A través del decreto 747/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo derogó los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21, cuatro ordenanzas que establecían la obligatoriedad de utilizar esas empresas estatales en distintas instancias.
El Congreso autorizó la privatización total de Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo y, en forma parcial, de Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales, mientras que en el caso de Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferas Fiscales solo se autoriza el ingreso de aportes privados mediante el sistema de PPP.
Este escenario es consecuencia de la decisión del Gobierno nacional de suprimir la obra pública como una de las herramientas para alcanzar el equilibrio fiscal.
