El mandatario norteamericano negó haber incitado a los manifestantes a asaltar la sede del Congreso estadounidense. Más de 900 participantes se declararon culpables de diferentes delitos para ver reducida su pena durante los procesos abiertos en su contra.
El presidente estadounidense había propuesto restablecer las normas y el respeto por el Estado de derecho cuando asumió. Finalmente utilizó su posición para ayudar a su hijo, rompiendo su promesa pública a los estadounidenses.
Las diputadas Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, ambas del oficialismo, denunciaron que en el encuentro que mantuvieron con genocidas en el penal de Ezeiza el represor Raúl Guglielminetti le entregó al legislador Beltrán Benedit un proyecto de ley escrito a mano para permitir que los condenados por delitos de lesa humanidad accedan a la prisión domiciliaria.
Las versiones en torno a la posible liberación de genocidas detenidos por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar fueron también rechazadas por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien aseguró esta semana que el tema «no está en la agenda del Gobierno».
Lo hizo al confirmar las condenas impuestas a 19 represores por crímenes cometidos en perjuicio de 105 víctimas en los centros clandestinos de detención (CCD) «La Escuelita», el Batallón de Comunicaciones 181, Unidad Penitenciaria N° 4, Delegación de Viedma de la Policía Federal, Unidad Penitenciaria N° 9 y «la Escuelita» de Neuquén.
