Las organizaciones de los trabajadores del sector señalaron que la medida puede tener efectos “devastadores” sobre la Marina Mercante Nacional. También afirmaron que implicaría la pérdida de la soberanía económica y comercial, el despido masivo de trabajadores y fuga de divisas.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto permite que los trabajos locales sean realizados por el personal y por las tripulaciones de barcos con banderas de de países extranjeros.
Las entidades gremiales ratificaron “el compromiso de lucha por todos y cada uno de los derechos de sus trabajadores, especialmente respecto de la regularización laboral, lo concerniente a salarios y las mejoras en las condiciones de higiene y seguridad de las empresas”.
La Ley está vigente desde 1944 y establece que todo el transporte de mercancías sólidas, líquidas o gaseosas con origen y destino en puertos nacionales debe ser realizado por buques argentinos con oficialidad argentina y al menos un 25 % del personal subalterno de la misma nacionalidad.
Sindicalistas y funcionarios analizaron una variada agenda de temas y situaciones que «preocupan» a la organización sindical que agrupa a casi dos decenas de gremios marítimos, portuarios y de la industria naval.
