El juez federal Ariel Lijo ordenó que la Secretaría de Derechos Humanos garantice “una dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria que funcionan en los ex centros de detención y tortura Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos permanezcan en funcionamiento”.
En ese sentido, desde la tarde comenzaron a llegar miembros de asambleas barriales, trabajadores de otros sectores, organizaciones de DDHH, sociales y políticas, representantes de Centros de estudiantes, legisladores y diputados.
La decisión se adoptará en una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, convocada para las 14.30 en el Anexo de la Cámara de Diputados, por la presidente de ese cuerpo, Silvia Lospennato (PRO).
En el marco de la comisión de Derechos Humanos y Garantías, fueron recibidos representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes expusieron sobre el cumplimiento de la Ley 26.691 de “Preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del terrorismo de Estado”.
Referentes de Abuelas, H.I.J.O.S., Nietes y APDH coincidieron en que este 24 de marzo es particular: es el primero con un Gobierno nacional que reivindica lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar y niega los 30.000 desaparecidos. Ante la proliferación de los discursos de odio, los organismos apelan al legado de madres y abuelas para seguir buscando a los nietos que faltan y luchar para que no haya retrocesos judiciales en las condenas a genocidas.
