Desde Casa Rosada destacaron que la política de vivienda debe ser gestionada por las provincias, los municipios y el sector privado. “El Gobierno nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, señalaron.
La regularización dominial alcanza el máximo grado de seguridad y legitimidad sobre la vivienda.
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, fue uno de los que participaron de la reunión, junto a otros defensores y autoridades de la Secretaría de Vivienda.
Las agrupaciones aseguraron que en la Argentina se necesitan construir 1,5 millones de viviendas sociales.
