Con el argumento de su salida de la provincia, YPF lanzó en los últimos meses un plan de retiro voluntario, al que suscribieron cerca de 3.000 trabajadores. Sin embargo, siguió operando en Santa Cruz con una actividad reducida, causando incertidumbre en los empleados, quienes, reunidos en asamblea, decidieron realizar una huelga general hasta que se resuelva la situación.
La fecha para el próximo encuentro entre los representantes empresariales y gremiales quedó establecida para el próximo 25 de enero. Estiman que también se tratará la cuestión salarial de 2022.
«Bajo argumentos ridículos y espúreos, más vinculados a la política nacional y sus medidas erráticas que al desempeño del trabajador, las cámaras empresarias del sector hidrocarburífero pretenden que los más débiles paguen lo que deberían resolver en otro ámbito», denunciaron en un comunicado ante 600 despidos y 1.500 suspensiones.
La fijación del precio del barril de crudo, las retenciones a las exportaciones del producto y el congelamiento del mercado de combustibles significaron «un martillazo a la única actividad -junto con el agro- que generó ingresos reales para la Argentina», dijeron desde el Sindicato.
Así lo declaró Carlos Gómez, secretario adjunto del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut, en referencia a la reunión que duró más de tres horas y en la que no llegaron a un acuerdo. «La operadora junto a sus socios insisten con dejar cesantes a 157 compañeros lo cual no vamos a permitir”, manifestó.
