¿De Rey de la Efedrina a Príncipe de los Explosivos?: piden 15 años de prisión para Mario Segovia
El importador ilegal de precursores químicos, condenado a 17 años, enfrenta una acusación por contrabandear armas y detonantes junto a su hijo y un hermano policía. Hackearon mails oficiales de Formosa.
El titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, pidió en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata una pena de 15 años de prisión para el rosarino Mario Segovia, conocido como «El Rey de la Efedrina», y el pago de una multa de 50 millones de pesos al considerarlo líder de una asociación ilícita –que dirigió desde la cárcel federal de Ezeiza, donde cumple condena por narcotráfico– dedicada al contrabando de importación de partes de armas de gran poder de fuego y de explosivos, que tras su ensamble eran ofertados a bandas narcocriminales de la ciudad.
En el mismo juicio, que se inició el año pasado, Iglesias, la fiscal coadyuvante Patricia Cisnero y el fiscalía ante el TOCF N°2 de La Plata, Marcelo Molina, solicitó también la imposición de las siguientes penas a los otro cuatro acusados en el debate oral, tres de ellos familiares de Segovia: 10 años de prisión y multa de 50 millones de pesos para el expolicía de la provincia de Santa Fe, Hernán Jesús Segovia, hermano de Mario; 10 años de prisión y multa de 30 millonespara Gonzalo Rodrigo Ortega, cuñado de Segovia; 5 años y 6 meses de prisión y multa de 20 millones para Matías Segovia, hijo del Rey; y 5 años de prisión y multa de 10 millones para Ezequiel Bergara, a quien acusó de colaborar con el clan familiar desde un lugar de menor responsabilidad.
La acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) para los cinco imputados fue como autores del delito de asociación ilícita -Mario como jefe- y contrabando de importación de un fusil semiautomático, sin marca ni numeración, calibre 5,56 milímetros del tipo m4 (Plataforma AR15), tenencia de armas de fuego y materiales explosivos como también la fabricación ilegal de armas de fuego de manera habitual.
En los casos de Mario Segovia y de su hijo Matías, el fiscal Iglesias sumó la acusación por el delito de acceso sin autorización a correos electrónicos de una agencia estatal. Este delito informático, describió la fiscalía, constituyó la base de las actividad de la organización, pues a través del hackeo de las cuentas de correo electrónico de dos docentes de la provincia de Formosa -que les permitieron a la banda hacerse pasar por funcionarios gubernamentales, gracias a la extensión @formosa.gov.ar- pudieron relacionarse con empresas extranjeras que comercializan armas y explosivos a agencias estatales.
Carta bomba
La investigación determinó que en septiembre de 2016 las autoridades paraguayas detectaron en el Aeropuerto de Luque una encomienda que provenía de Canadá y contenía dispositivos para la fabricación de explosivos ocultos en un sobre, una carpeta y un libro. Para que funcionaran como explosivo solo había que reemplazarle la sustancia inocua que llevaban por una como, por ejemplo, TNT, explicó Iglesias.
La pesquisa determinó que el remitente de la encomienda era la empresa canadiense Securesearch INC y que la compra había sido realizada a través del uso de dos casillas de correo electrónico del dominio @formosa.gov.ar, que pertenecían a dos docentes de esa provincia.
El plan –precisó el fiscal– era que el destinatario del paquete en Paraguay se lo diera a una azafata de una empresa de colectivos, quien lo ingresaría a nuestro país y se lo entregaría a uno de los visitantes frecuentes de Mario Segovia en el penal de Ezeiza.
Iglesias contó que la investigación se enderezó a establecer quiénes utilizaban los correos electrónicos. Se verificaron las IP desde donde se conectaba la banda y la Policía Federal intervino los correos con una «cuenta espejo» (que le permitía visualizar todos los movimientos), y así se determinó que usaban un software VPN para evitar el rastreo.
Sin embargo, una IP llamó la atención por su localización en una estación de servicio Shell de Rosario, donde funcionaba un cibercafé. La policía fotografío en ese lugar al hijo de Mario, Matías Segovia, “operando computadoras de alquiler a la misma hora en que las cuentas de correo investigadas tenían movimientos”. Según el fiscal, el hijo del traficante habría cometido el error de no seguir las instrucciones de acceso por VPN que le había hecho llegar su padre en papeles manuscritos, que fueron secuestrados en los allanamientos y expuestos en la audiencia.
El titular de la Procunar explicó que personal penitenciario halló una tablet que era operada por Segovia en la cárcel en cuyo interior se encontraron las claves de acceso a las cuentas de correo electrónico investigadas y datos sobre la compra de dispositivos explosivos a la empresa canadiense.
Mejor reciclar
La fiscal Cisnero explicó que la pesquisa se profundizó entonces sobre los miembros del clan que estaban en libertad. Las tareas de inteligencia criminal sobre la basura que arrojaban diariamente en sus domicilios permitieron a los investigadores encontrar trozos de cable similares a los que se utilizan para la confección de explosivos y envoltorios de encomiendas internacionales destinadas a Bergara.
Esa información, dijo Cisnero, permitió dar el alerta aduanero respecto de varios sospechosos, para que la Aduana avisara a los investigadores cuando detectara encomiendas a su nombre. Esta modalidad permitió la apertura de un paquete y la identificación de distintos piezas, que luego fueron encontradas ensambladas en el fusil semiautomático AR15 que estaba en poder de Hernán Segovia cuando se llevaron a cabo los allanamientos en julio de 2021.
El seguimiento de una segunda encomienda permitió verificar cómo hizo la banda para importar silenciadores, que llegaron como componentes ciegos, es decir, sin orificios para que pase el proyectil, pues los harían manualmente tras su arribo. Cisnero marcó que la banda también importó «lowers al 80%», es decir, lowers receiver –componente principal el ensamble del fusil– que estaban sin terminar y a los que solo había que realizarles algunos orificios para que queden operativos.
Esa importación, dijo la representante del MPF, se llevó a cabo a través del correo privado AeroBox. Y reprodujo una de las comunicaciones interceptadas a la banda, que permitió establecer a los investigadores que esa empresa había rechazado una encomienda que contenía cargadores, cuyo envío está prohibido.
Cisnero concluyó su alegato con el repaso de todo el material secuestrado en los allanamientos: el fusil ensamblado -que es utilizado por las fuerzas armadas de Estados Unidos y, según dijo, fue operado por el tirador que atentó el año pasado contra el actual presidente de ese país, Donald Trump-, municiones, explosivos como TNT (tres panes en un total de 120 gramos) y pentrita, elementos para armar artefactos, un reloj Casio que iba a ser utilizado como detonador, rollos de aramida,chalecos antibala, instrucciones para la elaboración de estupefacientes, manuales de armado de fusiles AR15 y AK47, y guías para francotiradores urbanos, que “incluían formas y métodos para disponer una posición de tirador desde una ventana, baúl de vehículo, habitáculo de camioneta”.
«Que Segovia aparezca articulando todas las operaciones bajo juzgamiento desde un penal de máxima seguridad no debe llamarnos la atención», sostuvo Cisnero, y recordó que «la Procunar realizó un informe sobre «Narcocriminalidad desde establecimientos penitenciarios», donde se analizó el despliegue de maniobras narcocriminales cometidas desde el interior complejos penitenciarios federales y provinciales”.
Carrera armamentística
Antes, Diego Iglesias, destacó que las maniobras expuestas en el juicio oral achacadas a Mario Segovia y a su grupo, se dieron en el contexto del crecimiento de la violencia narcocriminal que viene asolando a Rosario desde 2013.
Recordó que en 2022 la ciudad llegó a tener 22 crímenes cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional era de 4,2. Mientras que alrededor del 80% de los asesinatos se cometieron con armas de fuego, aquello que Segovia contrabandeaba.
“Si bien esta situación es compleja y multifacética, está profundamente relacionada con el despliegue y disputa entre las organizaciones narcocriminales que se encuentran asentadas en la ciudad de Rosario y sus alrededores», sostuvo Iglesias, y mencionó a las bandas de Ariel Máximo «Guille» Cantero, Esteban Lindor Alvarado y Julio Rodríguez Granthon, quienes han convivido intramuros con Segovia, «todas dedicadas al tráfico y comercialización de grandes volúmenes de estupefacientes y proveedoras de organizaciones más pequeñas que funcionan de manera subordinada y se dedican a la venta ‘al menudeo'» en esa zona.
«Las organizaciones necesitan, y cuentan, con importantes armas de fuego que incluso las utilizan para blindarse contra el fuego de efectivos estatales. También para realizar atentados contra establecimientos estatales», marcó el fiscal, y resaltó: «En ese contexto se insertan los hechos criminales bajo análisis». En tal sentido, con base en declaraciones de especialistas, evaluó que el acceso a armamento como el incautado en la causa proporcionaría a las organizaciones de Rosario la capacidad de convertirse en estructuras como el Comando Vermelho, de Brasil.
«La munición del AR15 traspasa los chalecos antibalas de las fuerzas policiales de lado a lado. Dota de un poder de fuego superior al de nuestras fuerzas de seguridad», indicó Iglesias, y remarcó que «de haber continuado esta operatoria, en la ciudad de Rosario se habría desatado una carrera armamentística entre las distintas bandas criminales con el consecuente agravamiento de la situación de seguridad».