Milei creó un organismo para auto-investigarse por la presunta estafa con la criptomoneda $Libra
Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, se instruyó a la Oficina Anticorrupción a iniciar las averiguaciones pertinentes para detectar eventuales hechos de corrupción relacionados con el uso de ese activo digital en la Administración Pública Nacional.
El gobierno de Javier Milei creó una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que funcionará dentro del ámbito del Ministerio de Justicia, con el objetivo de recabar información sobre la criptomoneda denominada “$Libra” y “colaborar” con la investigación judicial que investiga posibles irregularidades en este token virtual, que fue difundido por el presidente mediante sus redes sociales y por el que miles de personas perdieron considerables sumas de dinero.
A través del Decreto 114/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se instruyó a la Oficina Anticorrupción a iniciar las averiguaciones pertinentes para detectar eventuales hechos de corrupción relacionados con el uso de ese activo digital en la Administración Pública Nacional.
Según el texto oficial, la medida se toma en el marco de los principios de “publicidad y transparencia en la gestión pública”, los cuales permiten que la ciudadanía “ejerza el control democrático de las gestiones estatales” y evalúe si los funcionarios cumplen adecuadamente con sus funciones.
El problema comenzó el pasado viernes a la noche cuando el presidente Javier Milei promocionó la criptomoneda $Libra en su cuenta de X (ex Twitter). Siguiendo la recomendación del mandatario, muchas personas invirtieron en este activo, que en las primeras horas aumentó su valor, pero luego se desplomó, causándole pérdidas millonarias a miles de personas.
El decreto establece que la UTI tendrá como misión “recabar los elementos relacionados con el criptoactivo ‘$Libra’ con el fin de colaborar de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”.
Para ello, podrá “requerir información, datos y documentación a todos los funcionarios públicos, órganos y organismos que integran el Sector Público Nacional”, así como solicitar información a organismos provinciales, internacionales y de otros Estados.
Además, el decreto aclara que la UTI “no podrá emitir juicios sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial”. No obstante, se señala que su labor contribuirá a “dilucidar cualquier irregularidad relacionada al criptoactivo denominado ‘$Libra’”.
El documento también destaca que la creación de la unidad investigadora “no irrogará gasto alguno para el Estado Nacional” y que se disolverá una vez finalizada su tarea.
Javier Milei firmó la norma junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.