MARTES, 25 DE FEB.

Presentan en el Congreso una “ley antidoping”, para que políticos y jueces se sometan a pruebas de narcolemia

El diputado nacional santafesino del PRO, Gabriel Chumpitaz, promueve la iniciativa que, según el proyecto, incluye a los funcionarios de los tres poderes del Estado. “Un paso firme hacia la transparencia”, dijo.

 

El legislador santafesino Gabriel Chumpitaz impulsa una ley en la Cámara baja nacional para que los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- tengan que someterse a controles periódicos de consumo de estupefacientes. Así, cree Chumpitaz, darían “el ejemplo en la lucha contra el narcotráfico y las adicciones”.

El diputado publicó en su cuenta de X que presentó en el Congreso de la Nación lo que denomina una “ley antidoping y narco test para la policía y la Justicia”.

Se trata de, según explicó, “exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios de los tres poderes”, lo que de acuerdo a su visión constituye “un paso firme hacia la transparencia y la ética en el Estado”.

 

 

Para el diputado santafesino del PRO, “esta medida busca garantizar la integridad e idoneidad en la función pública”. Se practicaría, en caso de que fuese aprobada la iniciativa por las dos cámaras y promulgada por el Poder Ejecutivo, mediante “pruebas periódicas y aleatorias” y de esa manera “se asegura que quienes hacen las leyes, gobiernan o imparten justicia den el ejemplo en la lucha contra el narcotráfico y las adicciones”.

Chumpitaz considera que “es hora de cerrar la brecha de la doble moral”, y apuntó: “Con este proyecto se abre una nueva era de responsabilidad para la política y la Justicia. Construyamos un Estado íntegro y comprometido con el pueblo”.

El proyecto impulsado por el diputado nacional que reside en Rosario incluye normas de procedimiento y confidencialidad para la realización de los test, atento a que los análisis serían efectuados por laboratorios certificados, bajo estrictos protocolos de seguridad, y los resultados de los mismo serían enviados “a la autoridad competente, quien garantizará su resguardo y custodia”.

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