Un informe sobre calidad institucional sostiene que Milei posee “el mismo pésimo puntaje” de corrupción que Fernández
El estudio resalta que el país tiene un Gobierno con grandes conflictos de intereses y diversas trabas en el acceso a la información pública.
El Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral analizó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2024 que elabora la ONG Transparencia Internacional (TI) y advirtió que el presidente Javier Milei registra el mismo “pésimo puntaje” que el ex mandatario Alberto Fernández.
Como primera lectura, el director del Observatorio, Marcelo Bermolén, indicó que Argentina “vuelve a ser aplazada en la lucha contra la corrupción, paradójicamente bajo la administración de un gobierno que prometió ser diferente”.
Según el informe de TI, del que se hace eco la agencia Noticias Argentinas, el país está ubicado en el fondo de la tabla de posiciones, siendo uno de los territorios latinoamericanos más relegados -estando Uruguay y Chile en la cima del listado-.
“La batalla contra la corrupción ha mostrado nulos progresos durante el primer año de gestión”, apuntó Bermolén, en referencia al mandato de Milei.
El director del Observatorio mencionó a la Oficina Anticorrupción (OA), al sostener que Argentina, “carece de manera sistemática y transversal» de una «política pública de anticorrupción clara, contundente, perdurable y eficaz”.
“La OA sigue sin dar señales de independencia, neutralidad y continuidad jurídica”, sentenció. Y sumó a la Unidad de Información Financiera (UIF) diciendo que “vale como demostración” que el Gobierno pidió retirar a ambos organismos de todas las causas judiciales en donde se habían constituido en parte querellante por delitos cometidos en perjuicio del Estado.
“No resulta casual que estemos frente a uno de los gobiernos con mayores casos de conflictos de intereses, que abarcan áreas tan diversas como salud, minería, petróleo y gas, entre otras”, fue una de las críticas más duras que hizo el director del Observatorio hacia la administración libertaria.
En ese mismo sentido, agregó que entre las famosas “leyes anti-casta” de Milei “no existe referencia alguna a un proyecto que promueva el dictado de una nueva Ley de Ética Pública”.
Bermolén también se refirió a la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, un órgano independiente que protege los derechos de las personas.
Respecto a esto, declaró que la administración de Milei “no ha demostrado interés” en designar a alguien como Defensor del Pueblo, y citó como ejemplo la “preocupación y pedidos de transparencia” por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) para el proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
En la misma línea sobre la lucha contra la corrupción, también subrayó como importante las restricciones que puso el Gobierno hacia la Ley 27.275 (de acceso a la información pública).
“Esta peligrosa regulación sucede -llamativamente- en medio de un gobierno que se jacta de blandir la bandera de la desregulación”, criticó y citó la opinión de la TI en cuanto al mismo tema: “Un nuevo decreto definió los conceptos de información pública y privada, limitando el acceso de la gente a la información, mientras que la cantidad y calidad de las respuestas del poder ejecutivo a las solicitudes de información disminuyó”.